Sentencias US SUPREME COURT

Los gobernados deben poder criticar a los gobernantes

Violación de separación de poderes

Advertencias que deben hacerse a quien es arrestado

Impacto de un memorando de entendimiento como materia susceptible de llegar a tratarse como vinculante entre las partes.

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Operación de la Corte Suprema de Estados Unidos

Periodo y casos anuales.

«The Term of the Court begins, by law, on the first Monday in October and lasts until the first Monday in October of the next year. Each Term, approximately 7,000-8,000 new cases are filed in the Supreme Court. This is a substantially larger volume of cases than was presented to the Court in the last century. In the 1950 Term, for example, the Court received only 1,195 new cases, and even as recently as the 1975 Term it received only 3,940. Plenary review, with oral arguments by attorneys, is currently granted in about 80 of those cases each Term, and the Court typically disposes of about 100 or more cases without plenary review. The publication of each Term’s written opinions, including concurring opinions, dissenting opinions, and orders, can take up thousands of pages. During the drafting process, some opinions may be revised a dozen or more times before they are announced.»

https://www.supremecourt.gov/about/courtatwork.aspx

Caso sobre redes sociales en USA

Son dos casos en realidad.

Es probable que el caso se falle antes del fin del actual periodo, o sea tal vez en junio del año entrante.

«The court will hear the cases this term, which began Monday, with a decision expected before the court recesses for the summer, usually in late June. The court did not say when it would hear arguments, but the court has already filled its argument calendar for October and November.»

VOA, «US Supreme Court Will Hear Social Media Terrorism Lawsuits», https://www.voanews.com/a/us-supreme-court-will-hear-social-media-terrorism-lawsuits-/6773833.html

Un resumen

Breve historia

El fenómeno

Examen del tema

Revisión

El caso

La sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996

«ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o hablante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información»»

https://www.independentespanol.com/tecnologia/seccion-230-regla-internet-twitter-facebook-google-b1401498.html

Algunos fallos de interés:

«‘(I)mperative is the need to preserve inviolate the constitutional rights of free speech, free press and free assembly in order to maintain the opportunity for free political discussion, to the end that government may be responsive to the will of the people and that changes, if desired, may be obtained by peaceful means. Therein lies the security of the Republic, the very foundation of constitutional government.'»

De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353

Cocaína y gasolina

No es posible desconectar la cocaína de la gasolina

Cómo se produce la cocaína, libro de la UNODC: https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil//Topics_drugs/Publicacoes/LIBRO_PBC.pdf.

Precursores en genera

Medicamente, qué es la cocaína.

Más sobre la preparación

Adicción

Cocaína y petróleo

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Uso de imágenes ajenas

Caso en España de sanción a empresa por usar imagen no autorizada hallada en internet

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El estado laico no existe

Mucho se habla de que el estado debe ser laico. En la práctica lo es pero solo para ciertos propósitos. Cuando se trata de catolicismo o cristianismo, esgrime esa bandera sin problema, no en otros muchos casos.

En Colombia se acaban en esta legislatura se presentaron 36 proyectos de reforma constitucional.

Esta es una de esas propuestas.

La fuente es del artículo previamente citado.

Para el texto del proyecto

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Derecho romano

Lecciones básicas sobre derecho romano con el profesor Rafael Domingo.

Sobre el sentido de dura lex, sed lex

Un juicioso trabajo sobre aforismos en latín

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Momento de vigencia de una ley

La publicación de una ley es una operación administrativa.

En la sentencia C-025 de 2012:

«En el caso que ocupa a la Corte, el acto administrativo, expreso, fue la orden de remisión dirigida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Imprenta Nacional el día 29 de diciembre de 2010, con el encargo de que fuera publicada en el Diario Oficial de la misma fecha. La operación administrativa -en desarrollo de la decisión de promulgación de la Ley en fecha 29 de diciembre-, consistió en el proceso de inserción, impresión y publicación del Diario Oficial, en las dependencias de la entidad administrativa asignada a tal tarea -la Imprenta Nacional, ente adscrito al Ministerio del Interior-  bajo la supervisión de autoridades operativas.»

Sentencia C-025 de 2012

En esa ocasión, la Corte Constitucional no se ocupó del punto porque no es un tema constitucional el análisis de la operación administrativa de publicación en el Diario Oficial.

Dice la ley 4 de 1913:

«Artículo 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada.

La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción.

Artículo 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes:

1°. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado.

2°. Cuando por causa de guerra de guerra u otra inevitable estén interrumpidas las comunicaciones de algunos o algunos Municipios con la capital, y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los comunicaciones.

Artículo 54. Se procurará que las leyes se publiquen e inserten en el periódico oficial dentro de los diez días de sancionadas. Cuando haya para el efecto un inconveniente insuperable, se insertarán a la mayor brevedad.»

Caso en el cual se alega aplicación de los dos meses para vigencia de una ley, porque faltó agregar la típica expresión «rige».

«Artículo 6º. La presente ley a partir de su promulgación.» (Ley 861 de 2003)

La Corte Const. sostiene allí que se entiende que rige desde la promulgación (porque en el historial estaba el texto) En todo caso advirtió que los dos meses se habrían contado incluyendo la fecha de promulgación (la ley es de 6 de diciembre, se publicó el 29 de diciembre, los dos meses se cumplirían el 29 de febrero)

Se lee en la ley 489 de 1998:

«Artículo 119.Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

Parágrafo. Unicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.»

Jurisprudencia con órdenes que exceden marcos funcionales

Sentencia de fines de 2021 en la cual el Consejo de Estado, en el trámite de una acción de tutela, asigna a una entidad pública una función que legalmente no tiene. En concreto , se ordena a Cancillería hacer una traducción de unos documentos que una ciudadana necesitaba para exigir alimentos en el exterior para su hija menor. El C de E advierte que no puede tomarse como regla general, pero ahí está.

Sentencia del Consejo de Estado en la cual se ordena llevar servicio de agua de un acueducto a un área donde técnicamente no se puede. Se advierte que si un municipio no puede cumplir sus funciones debe buscar ayuda dentro de la estructura del estado. «

«En ese orden de ideas, la Sala advierte que el proceder adecuado de la Alcaldía de
Bello no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad, sino que, ante
ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades –como la Gobernación
de Antioquia, la Corporación Autónoma Regional o el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio- las dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la
cooperación que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas.»

Sentencia 05001-23-33-000-2015-02436-01(AC), C de E, 20 de febrero de 2020

Sentencia de la Corte Constitucional en que se orden llevar agua a una vivienda en la cual ni legal ni técnicamente se puede llevar la red del acueducto. Allí se dice que «Un juez de tutela debe comprender los riesgos en que se encuentran muchas de las viviendas del país, y la necesidad de adelantar políticas públicas de reasentamientos que permitan gestionar tales riesgos. En tal sentido, no se pueden desconocer las limitaciones que en esa materia puedan existir para instalar el servicio público de agua en una vivienda, en condiciones regulares y ordinarias. En todo caso, se insiste, esta realidad que existe en la nación no puede implicar que las personas que residen en tales condiciones, además de tener que soportar una restricción legítima a la posibilidad de prestación del servicio de agua, tengan que soportar una limitación de largo aliento que les impida acceder, así sea en condiciones excepcionales, al agua. La razonabilidad de limitar un modo de prestar el servicio de agua, de ninguna manera justificar dejar de garantizar el acceso al agua por algún medio alternativo.»