Presupuesto Comisión de la Verdad

En realidad, es la comisión de Francisco José de Roux, quien la presidió. Lo de Comisión «de la Verdad» es algo que debe demostrarse. No basta llamar a algo de una manera y suponer que eso automáticamente lo convierte en lo llamado.

¿Cuánto costó la comisión de Francisco José de Roux?

Tomó los datos de la página https://web.comisiondelaverdad.co/, en

A 2 de agosto de 2022, se lee que hay la siguiente información:

Presupuesto general asignado 2018: $ 18.500.000.000
Presupuesto general asignado 2019: $ 81.480.700.000
Presupuesto general asignado 2020: $ 95.824.809.346
Presupuesto general asignado 2021: $ 116.992.092.190
Presupuesto general asignado 2022: $ 81.000.000.000
Total $ 393.797.601.536

Es un total de gasto de $ 393.797’601.536. O sea casi cuatrocientos mil millones de pesos.

Etiquetado:

disturbios y crimen

Muchas personas apoyan disturbios indiscriminados. O son ciegas o son cómplices.

Ataques a ambulancias en Bogotá durante disturbios.

Muere un bebé en un paro nacional en Colomnia porque no dejan pasar la ambulancia

Etiquetado: /

Derecho romano

Lecciones básicas sobre derecho romano con el profesor Rafael Domingo.

Sobre el sentido de dura lex, sed lex

Un juicioso trabajo sobre aforismos en latín

Etiquetado:

Momento de vigencia de una ley

La publicación de una ley es una operación administrativa.

En la sentencia C-025 de 2012:

«En el caso que ocupa a la Corte, el acto administrativo, expreso, fue la orden de remisión dirigida por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República a la Imprenta Nacional el día 29 de diciembre de 2010, con el encargo de que fuera publicada en el Diario Oficial de la misma fecha. La operación administrativa -en desarrollo de la decisión de promulgación de la Ley en fecha 29 de diciembre-, consistió en el proceso de inserción, impresión y publicación del Diario Oficial, en las dependencias de la entidad administrativa asignada a tal tarea -la Imprenta Nacional, ente adscrito al Ministerio del Interior-  bajo la supervisión de autoridades operativas.»

Sentencia C-025 de 2012

En esa ocasión, la Corte Constitucional no se ocupó del punto porque no es un tema constitucional el análisis de la operación administrativa de publicación en el Diario Oficial.

Dice la ley 4 de 1913:

«Artículo 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada.

La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción.

Artículo 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes:

1°. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado.

2°. Cuando por causa de guerra de guerra u otra inevitable estén interrumpidas las comunicaciones de algunos o algunos Municipios con la capital, y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los comunicaciones.

Artículo 54. Se procurará que las leyes se publiquen e inserten en el periódico oficial dentro de los diez días de sancionadas. Cuando haya para el efecto un inconveniente insuperable, se insertarán a la mayor brevedad.»

Caso en el cual se alega aplicación de los dos meses para vigencia de una ley, porque faltó agregar la típica expresión «rige».

«Artículo 6º. La presente ley a partir de su promulgación.» (Ley 861 de 2003)

La Corte Const. sostiene allí que se entiende que rige desde la promulgación (porque en el historial estaba el texto) En todo caso advirtió que los dos meses se habrían contado incluyendo la fecha de promulgación (la ley es de 6 de diciembre, se publicó el 29 de diciembre, los dos meses se cumplirían el 29 de febrero)

Se lee en la ley 489 de 1998:

«Artículo 119.Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos deberán publicarse en el Diario Oficial:

a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;

b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;

c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional que integran la estructura del Estado.

Parágrafo. Unicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.»

Jurisprudencia con órdenes que exceden marcos funcionales

Sentencia de fines de 2021 en la cual el Consejo de Estado, en el trámite de una acción de tutela, asigna a una entidad pública una función que legalmente no tiene. En concreto , se ordena a Cancillería hacer una traducción de unos documentos que una ciudadana necesitaba para exigir alimentos en el exterior para su hija menor. El C de E advierte que no puede tomarse como regla general, pero ahí está.

Sentencia del Consejo de Estado en la cual se ordena llevar servicio de agua de un acueducto a un área donde técnicamente no se puede. Se advierte que si un municipio no puede cumplir sus funciones debe buscar ayuda dentro de la estructura del estado. «

«En ese orden de ideas, la Sala advierte que el proceder adecuado de la Alcaldía de
Bello no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad, sino que, ante
ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades –como la Gobernación
de Antioquia, la Corporación Autónoma Regional o el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio- las dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la
cooperación que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas.»

Sentencia 05001-23-33-000-2015-02436-01(AC), C de E, 20 de febrero de 2020

Sentencia de la Corte Constitucional en que se orden llevar agua a una vivienda en la cual ni legal ni técnicamente se puede llevar la red del acueducto. Allí se dice que «Un juez de tutela debe comprender los riesgos en que se encuentran muchas de las viviendas del país, y la necesidad de adelantar políticas públicas de reasentamientos que permitan gestionar tales riesgos. En tal sentido, no se pueden desconocer las limitaciones que en esa materia puedan existir para instalar el servicio público de agua en una vivienda, en condiciones regulares y ordinarias. En todo caso, se insiste, esta realidad que existe en la nación no puede implicar que las personas que residen en tales condiciones, además de tener que soportar una restricción legítima a la posibilidad de prestación del servicio de agua, tengan que soportar una limitación de largo aliento que les impida acceder, así sea en condiciones excepcionales, al agua. La razonabilidad de limitar un modo de prestar el servicio de agua, de ninguna manera justificar dejar de garantizar el acceso al agua por algún medio alternativo.»

Libertad de expresión y escraches online

Es la Sentencia T-061 de 2022. En realidad, es una tutela por presunta infracción a la honra por informe de acosos sexuales denunciados a las autoridades y publicado online.

En esa misma sentencia se sostiene que hay discursos especialmente protegidos: «Son los discursos sobre: (a) el discurso político y sobre asuntos de interés público, (b) el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones o sobre candidatos a ejercer cargos públicos, y (c) el discurso que expresa un elemento esencial de la identidad o la dignidad personales»

Etiquetado: / /

Traducción

Portal de Historia de la Traducción en España

Biblioteca de Traducciones Españolas

Etiquetado:

FARC y violencia

Las FARC no les interesaba la población civil.

Atacaban con cilindros repletos de explosivos que caían en cualquier lado. A veces en los blancos que no eran civiles.

Las FARC minaban a lo loco, sin importar las vidas civiles. Aún hoy hay consecuencias.

Las FARC versión disidencias siguen minando el país.

Las minas como estrategia militar:

Sobre las minas, un comunicado de Alfonso Cano señalaba: “5. Aumentar los visos defensivos y de movilidad con minados para detener el avance de las operaciones enemigas, ya conocemos que las minas son el único factor que los detiene y los intimida, por esto aumentar los cursos de explosivista para lograr un nivel de conocimiento en explosivos, generalizados dentro de las guerrillerada e iniciar igualmente el entrenamiento del personal del MB y de Milicias, haciéndose énfasis en que no se debe manipular los mismos con excesiva confianza lo que lleva a accidentes”. FARCEP. De Alfonso Cano a Camaradas del Secretariado, agosto 16 de 2008.

Guerrilla y población civil, trayectoria de las FARC 1949-2013, Informe del Centro nacional de Memoria Histórica https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2013/farc/guerrilla-y-poblacion-civil-jun-2016.pdf

Secuestros (denominados «tomas de rehenes» por la JEP)

Violencia sexual (impune a hoy)

Reclutaron a menores de edad a la fuerza
Etiquetado: /